Novedades Laborales Julio 2017
1.-TRABAJO Y PREVISION SOCIAL:
1.1 SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA). HABERES MÍNIMO GARANTIZADO Y MÁXIMO DESDE JUNIO DE 2018. BASE IMPONIBLE. IMPORTE DE LA PRESTACIÓN BÁSICA UNIVERSAL (PBU). DETERMINACIÓN:
Se determinan la base imponible mínima en $ 2.816,14 y la máxima en $ 91.523,41, a partir del devengado junio de 2018.
Asimismo, se establecen los haberes mínimo garantizado y máximo, vigentes a partir del 1 de junio de 2018, en $ 8.096,30 y $ 59.314,97, respectivamente.
Se fija el importe de la Prestación Básica Universal (PBU) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3 del decreto 110/2018, reglamentario de la ley 27426, aplicable a partir del mes de junio de 2018, en las sumas de $ 3.825 y $ 6.477,04, respectivamente.
1.2 ASIGNACIONES FAMILIARES. VALOR DE LA MOVILIDAD. INCREMENTO DE ASIGNACIONES FAMILIARES Y TOPES DE LOS RANGOS SALARIALES A PARTIR DE JUNIO DE 2018:
Se determina el valor de la movilidad prevista en el artículo 1 de la ley 27160 en 5,69%.
Asimismo, se establece un incremento en las asignaciones familiares contempladas en la ley 24714 y la modificación en los topes de los rangos salariales, a partir de junio de 2018.
1.3 MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. SE ESTABLECE QUE EL REQUISITO REFERIDO A LA CANTIDAD MÁXIMA DE EMPLEADOS PARA CATEGORIZARSE COMO PYME SOLO APLICA A LOS COMISIONISTAS, LOS CONSIGNATARIOS Y LAS AGENCIAS DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS:
Se modifican los parámetros para categorizarse como PYME, estableciéndose que los topes dispuestos en la cantidad de empleados ocupados que determinan la categorización como micro, pequeña o mediana empresa solo resultan aplicables para las empresas en las que al menos el 70% de las ventas totales anuales corresponda a actividades de comisionistas, consignatarios y agencias de viajes mayoristas y minoristas -enumeradas en el Anexo IV de la R. (SEyPyME) 340/2017-.
2.- RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
2.1 SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA CANCELAR CON SUMAS EMBARGADAS LAS OBLIGACIONES FISCALES RECLAMADAS EN JUICIOS DE EJECUCIÓN FISCAL:
Se establecen las condiciones y procedimientos para cancelar con sumas embargas las obligaciones fiscales reclamadas en juicios de ejecución fiscal. En este orden, los contribuyentes y/o responsables que se encuentren con medidas cautelares trabadas por orden judicial podrán cancelar las obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, a través del Sistema de Cuentas Tributarias o con intervención de un representante del Fisco.
La cancelación a través del Sistema de Cuentas Tributarias se podrá realizar cuando se trate de juicios de ejecución fiscal derivados de incumplimientos de obligaciones que se encuentren registradas en el “Sistema de Cuentas Tributarias”, y solo una vez por cada demanda. A tal efecto, se deberá ingresar con clave fiscal a dicho Sistema y seleccionar la opción “Ofrecimiento de Pago con Embargos Bancarios”, para seleccionar la demanda que posea fondos embargados y que se quiere cancelar. El Sistema efectuará una liquidación provisoria y la propuesta de afectación a las obligaciones adeudas. Posteriormente se conformará la liquidación provisoria y el Sistema generará uno o varios VEP, en función de cada cuenta/banco y de las obligaciones a cancelar, y un reporte conteniendo el detalle de dichos volantes de pago. Las entidades bancarias realizarán la cancelación de dichos volantes dentro de los dos días hábiles de recibida la orden a través del Sistema.
Una vez cancelados los volantes por parte de la entidad bancaria, se realizará el levantamiento de las medidas cautelares en forma automática, siempre que se haya cancelado una suma equivalente al total del oficio de embargo.
Por su parte, el procedimiento con intervención del representante del Fisco se podrá realizar cuando los incumplimientos de las obligaciones fiscales no se encuentren registrados en el Sistema de Cuentas Tributarias, cuando ya se haya utilizado la cancelación a través del Sistema de Cuentas Tributarias para la misma demanda, o cuando no se preste conformidad a la liquidación efectuada por el Sistema.
A tal fin, los contribuyentes deberán concurrir a la dependencia correspondiente y solicitar la preliquidación administrativa de la deuda, mediante una multinota en la que se deberá manifestar la voluntad de poner a disposición del Fisco el importe que resulte de la misma. El representante del Fisco deberá practicar la preliquidación en el plazo de un día hábil, y el contribuyente o su apoderado deberán concurrir a la dependencia en la cual se inició el trámite para conformar y retirar dicha liquidación. En caso de no prestarse conformidad, el ofrecimiento será declarado desistido y se podrá volver a formularlo con posterioridad.
La generación de los VEP se realizará dentro del día de otorgada la conformidad y estará a cargo de la AFIP. Si el pago realizado con los fondos embargados cubre la totalidad del oficio de embargo, se procederá al levantamiento inmediato del mismo, independientemente de que exista un remanente de deuda en concepto de intereses o costas.
Por último, destacamos que las presentes disposiciones resultan de aplicación a partir del 16/6/2018, y se deja sin efecto la norma que establecía solo el procedimiento presencial para realizar los procedimientos comentados precedentemente.
3.- TEMAS VARIOS:
3.1 AUTONOMOS - INCREMENTO A PARTIR DEL DEVENGADO JUNIO DE 2018:
La AFIP dio a conocer los nuevos valores de los aportes mensuales de los trabajadores autónomos con destino a la Seguridad Social que se incrementan a partir del mes devengado junio de 2018 -con vencimiento durante el mes de julio-, por aplicación del régimen de movilidad dispuesto por la ley 27426.
3.2. SISTEMA “DECLARACIÓN EN LÍNEA”. PROCEDIMIENTO PARA LA CONFECCIÓN VÍA INTERNET DE LA DDJJ DETERMINATIVA DE APORTES Y CONTRIBUCIONES. UNIVERSO DE SUJETOS ALCANZADOS. APLICACIÓN DEFINITIVA:
Los empleadores comprendidos en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que registren en el período devengado julio de 2018, inclusive, hasta 2.000 trabajadores deberán confeccionar la declaración jurada determinativa y nominativa de sus obligaciones con destino a los subsistemas de la seguridad social a través del sistema informático “Declaración en línea”, mientras que para aquellos empleadores que registren entre 2.001 y 2.050 empleados, ambas cantidades inclusive, el sistema será optativo.
Finalmente, se establece que a partir del mes devengado agosto de 2018 todos los empleadores deberán confeccionar la mencionada DDJJ a través del sistema informático “Declaración en línea”, cualquiera sea el número de trabajadores que registren.
4.- JURISPRUDENCIA
4.1 EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO. ENTREGA DE CERTIFICADO DE TRABAJO, ARTÍCULO 80 DE LA LEY DE CONTRATO DE TRABAJO. REQUISITOS PARA SU VALIDEZ:
El segundo y el tercer párrafo del artículo 80 de la ley de contrato de trabajo se refieren a la obligación del empleador de hacer entrega de un certificado una vez extinguida la relación laboral, en el cual consten las siguientes circunstancias: a) el tiempo de prestación de servicios; b) naturaleza de estos, es decir, la categoría y tareas desempeñadas; c) remuneraciones percibidas; d) aportes y contribuciones efectuados a los organismos de la seguridad social; y e) calificación profesional obtenida en los puestos de trabajo en que se hubiere desempeñado, hubiere o no realizado acciones regulares de capacitación conforme a lo dispuesto por la ley 21476.
BURGUEZ, MARINA ALEJANDRA C/WALMART ARGENTINA SRL S/DESPIDO - CÁM. NAC. COM. - SALA I - 24/05/2018
4.2 JUBILACIONES Y PENSIONES. PROCEDIMIENTO. CAUTELAR. REPARACIÓN HISTÓRICA. NO ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA DE ACUERDO FORMULADA POR LA ANSES. MANTENIMIENTO DEL HABER PERCIBIDO CON EL AJUSTE DE LA REPARACIÓN HISTÓRICA HASTA LA SENTENCIA DEFINITIVA. PROCEDENCIA:
Si bien no escapa al conocimiento del tribunal que, conforme surge del historial de liquidaciones -extraído de la página de la ANSeS-, la actora percibe un beneficio previsional por la suma de $ 5.661,16, no puede desconocerse que con este haber y a la edad de 83 años la actora se encuentra en una situación de total desamparo y completamente ultrajado su derecho de naturaleza alimentaria, lo cual configura una grave lesión a la incolumidad de los derechos humanos sociales cuya protección judicial reviste naturaleza constitucional y convencional [art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y art. 75, inc. 22), de la CN].
Asimismo, admitir la regresividad del haber previsional del beneficiario por el mero vencimiento del plazo para aceptar el acuerdo de reparación histórica -ya de por sí gravemente depreciado con relación a los salarios de actividad- consagraría la regla inversa, es decir, la regresividad de los derechos, con lo cual revestiría primacía en la hermenéutica constitucional lo disvalioso sobre lo beneficioso, lo restrictivo sobre lo “progresivo”, resultado que devendría a todas luces incompatible con el programa de protección de los derechos humanos del sistema interamericano y europeo actualmente vigente en el mundo civilizado.
Por lo tanto, se concede la medida cautelar de no innovar peticionada por la actora en cuanto pretende mantener el haber percibido con el ajuste de la reparación histórica hasta tanto se dicte la sentencia definitiva en el proceso principal.
DE PIANO, ROSA ÁNGELA C/ANSES S/MEDIDAS CAUTELARES - CÁM. FED. SEG. SOC. - SALA II - 12/06/2018
4.3 ACCIDENTE DE TRABAJO. ACCIÓN CIVIL. AFECCIÓN RESPIRATORIA VINCULADA AL AMBIENTE DE TRABAJO. DEBER DE SEGURIDAD DEL EMPLEADOR Y DE LA ART:
Si bien es válido que en el régimen de riesgos del trabajo se recurra a sistemas tarifarios, que por ser tales no establecen una reparación plena, no es admisible que ese régimen sea cerrado y excluyente, de modo que la víctima, por su sola condición de trabajador, esté impedida de acceder a otra vía legal para obtener una reparación integral que compete a cualquier ciudadano.
En cuanto a la actividad riesgosa, el empleador es quien debe asegurarse de que las tareas laborales se realicen en un ambiente seguro y con todos los materiales necesarios para proteger a sus empleados, como elementos de protección, control ambiental y cursos de capacitación.
En tal sentido, se revoca el fallo recurrido y, en consecuencia, se hace lugar a la acción civil deducida, pues el demandante logró acreditar que la afección respiratoria que padece estuvo vinculada al ambiente de trabajo, pues el perito informó que para trabajar utilizaba epoxi (resina que se utiliza para proteger de la corrosión o para mejorar la adherencia de las capas de pintura), no se le exhibieron mediciones de contaminante en aire de partículas de pintura epoxi ni estudios ergonométricos del puesto de trabajo, ni una norma específica en el uso de la amoladora utilizada por el actor.
PANARO, FERNANDO SEBASTIÁN C/TANGHERLINI ARGENTINO Y OTRO S/ACCIDENTE - ACCIÓN CIVIL - CÁM. NAC. TRAB. - SALA III - 28/03/2018
5.- NOTAS DE INTERES:
5.1 JUBILACIONES, LO QUE VIENE: UNO POR UNO, LOS CAMBIOS QUE PLANEA EL GOBIERNO PARA EL NUEVO REGIMEN PREVISIONAL:
Mientras disputa su gran batalla contra la inflación y el dólar, el Gobierno no desatiende su otro frente de conflicto: una reforma del sistema previsional que lo ayude a achicar su déficit fiscal estructural.
Este tema, que ya estaba en sus preocupaciones desde que se sancionó en 2016 la "reparación histórica", también ha sido señalado en repetidas ocasiones por el FMI como una reforma imprescindible.
A diferencia de lo sucedido a fines del año pasado, esta vez no se tratará sólo de un cambio en el cálculo del haber, sino más bien de algo más profundo: la sustentabilidad del sistema.
En pocas palabras, se definirá cómo se va a financiar y qué requisitos deberán cumplir los trabajadores para acceder al beneficio jubilatorio.
Consejo y misión
Por lo pronto, se prevén modificaciones en rubros tan sensibles como la edad jubilatoria, sistema de retiro anticipado y régimen de pensiones.
Hace poco más de un mes, el Gobierno dispuso la creación del Consejo de Sustentabilidad Previsional, previsto en la Ley de la Reparación Histórica, en el ámbito del Ministerio de Trabajo.
¿Para qué? Básicamente, con el fin de que en seis meses sea presentado un proyecto de ley para una nueva reforma a debatir en el Congreso.
Ese Consejo está compuesto por 25 miembros, entre los cuales se encuentran representantes de cámaras empresariales y sindicatos.
Está presidido por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y en forma alterna por el secretario de Seguridad Social, Juan Carlos Paulucci Malvis.
Además, está integrado por personas de reconocido prestigio profesional y académico en el ámbito del derecho, de las ciencias sociales y económicas, que participan ad-honorem.
"Tenemos que discutir una idea integral y sustentable, en un ambiente de debate desprovisto de prejuicios y miradas especuladoras en el contexto político", asegura Triaca.
Camino "gradualista" para subir la edad
El año pasado, una comisión previa estuvo trabajando en diferentes lineamientos, que se sumarían a los que desarrolle el nuevo cuerpo.
El Gobierno apunta a que el nuevo sistema sea "sobre todo sustentable y esté basado en aportes legítimos, comprobables", indican fuentes a iProfesional.
"Hay que preguntarse qué sistema previsional puede pagar la Argentina. Se habla más de financiamiento que de prestaciones", comparte a iProfesional el abogado previsionalista Adrián Tróccoli.
Por lo que pudo saber este medio, no está previsto eliminar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Se trata de un beneficio creado dentro de la ley de reparación histórica percibido por quienes no tienen aportes para jubilarse y tampoco cobran otro tipo de sumas.
En otro orden, dentro de los proyectos de reforma laboral, el oficialismo planea reducir las cargas patronales.
Es que confía en que más personas se incorporarán al mercado y que esto ayudará a incrementar las arcas fiscales para pagar jubilaciones, pensiones y demás prestaciones de la Seguridad Social.
En cuanto a la edad, se evalúa subirla hasta los 70 años y, para ello, se hay distintas modalidades en carpeta que apuntan al "gradualismo".
En el Gobierno son conscientes de que este tema deberá pasar por el Congreso, y de que un incremento automático y abrupto generará rechazos dentro de los distintos partidos, además de incrementar el malhumor social.
Por lo pronto:
1.- Para los hombres, no se tratará de una suba de 5 años de un "saque", sino más bien escalonada
2.- La ley aprobada a fin del año pasado establece que los asalariados del sector privado -mujeres y varones- podrán optar por jubilarse a los 70 años
3.- Recién entonces los empleadores podrán intimarlos a que inicien el trámite de retiro
4.- En ese caso, tendrán que mantener la relación laboral por el plazo máximo de un año, hasta que el trabajador obtenga el beneficio. No se trata de una suba legal sino de una opción que le da la ley.
En el macrismo tienen claro que mantener el sistema vigente es "inviable" y que deben tomarse medidas urgentes para evitar que el déficit siga escalando hasta niveles insostenibles.
Tróccoli afirma a iProfesional que se analizará una suba gradual para que no se vea afectada la expectativa de quienes están cerca de acceder al beneficio.
En cambio, "afectará completamente a aquellos que les falten 15 o 20 años", asegura.
De esta manera:
- Quienes estén a 10 años del retiro, podrían jubilarse a los 66
- A los que les falten 12 años, se le extendería a los 67
- Y así sucesivamente hasta llegar a los 70 años
De este modo, se evitará que los alcanzados por los cambios no sufran el impacto en el corto plazo.
"En la actualidad, las mujeres se jubilan a los 60 años, pero sólo el 15% completa los 30 años de aporte necesarios a esa edad", señala Tróccoli.
"En el caso de los varones, la situación está un poco mejor, ya que el 40% cumple con los requisitos al alcanzar los 65 años", completa.
La pensión vitalicia, a revisión
Otro tema que se entremezclará en la discusión es el de las moratorias para completar los años de aporte, ya que muy pocos logran cumplir con los requisitos.
La diferenciación que se hace actualmente no se debe a una cuestión sexista, sino que es un reconocimiento a la labor de la mujer por el trabajo no remunerado en su hogar.
Se estipula que destina un promedio de 27 horas a tal fin contra solo 3 del hombre, brecha que se va acortando a edades más bajas.
Por lo pronto, se apuntará a ir acercando la edad entre ambos, pero no a la equiparación.
Esto, producto de que la primera tiene una esperanza de vida mayor, por lo que el Estado debe abonarle la prestación durante más años.
Otro de los temas clave es el de la pensión vitalicia. Al respecto, se baraja la idea de adaptarla al sistema de compensaciones del Código Civil.
Por ejemplo, que a una persona que enviuda a los 35 años y que estuvo 10 años casada, se le pague la prestación por ese tiempo (para luego perder el beneficio).
Sobre este punto, Tróccoli asegura que se trata de "un cambio lógico", ya que no tiene sentido pagarle una suma fija a una persona joven por el resto de su vida si no vuelve a contraer nupcias.
Además, se apunta a extender la edad de los hijos que perciben pensiones por el fallecimiento de los padres.
¿Hasta cuándo? Hasta los 25 años, siguiendo los lineamientos del Código Civil y Comercial (para ello debe acreditar que estudia).
Por otro lado, se impondrá un límite a la acumulación de la jubilación y la pensión. En este sentido, se manejan dos opciones:
- Que entre ambas prestaciones se cobre la del beneficio más alto (por lo general, la jubilación)
- Que valide la alternativa más elevada y un proporcional de la otra
Lo que sí es un hecho es que en la futura ley no convivirán ambas prestaciones al 100% para un único beneficiario.
Nuevo cálculo para la jubilación inicial
Otro punto que genera polémica refiere a la extensión del período a considerar para el cálculo del haber inicial: 25 años en lugar de los 10 actuales.
Sin embargo, el problema es que "en un contexto inflacionario, como el que suele tener constantemente el país, esto derivará en que el ingreso sea menor", indica Tróccoli.
No es menor la preocupación del Gobierno por reducir la cantidad de juicios en los tribunales de la Seguridad Social, si bien tiene en claro que cualquier tipo de norma que se dicte va a ser judicializable.
En la actualidad, de las personas con aportes, uno de cada tres jubilados le hizo un juicio al Estado.
El principio de sustitutividad es otro punto en discusión. ¿Qué significa? Como la jubilación es consecuencia de la remuneración percibida por un trabajo, una vez que este cesa el beneficio debe permitir el mantenimiento de un status de vida similar a aquel que se tenía en actividad.
Son varios los que pretenden volver al régimen de las leyes 18.037 y 18.038, que sí establecía la sustitutividad del haber jubilatorio.
Este último estaba íntimamente vinculado con las remuneraciones o las rentas - categorías autónomas - en su caso, percibidas por el beneficiario durante su vida activa.
Se discutirá cómo enfrentar las cuestiones de género para evitar otro caso como el famoso "Sergia", en el que un hombre pidió el cambio de sexo para jubilarse antes.
En otro orden, se estudian distintos regímenes diferenciales de trabajo insalubre. Es decir, el de aquellas actividades que pueden derivar en envejecimiento precoz u otras que se desarrollan con algún grado de disminución física, tales como ceguera o minusvalía.
En la actualidad, pueden obtenerse el beneficio a los 55 años. La idea es analizar cada una de ellas y, en algunos casos, elevar la edad, ya que el Gobierno cree que las tecnologías actuales permiten reducir o dar por terminada la insalubridad.
Sobre este punto, Tróccoli afirma que deberá analizarse cada situación en particular, para evitar perjuicios a los trabajadores que estén cerca de obtener el beneficio y fueron efectivamente afectados por las viejas tecnologías.
Fuente : Infobae Profesional.
1.1 SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA). HABERES MÍNIMO GARANTIZADO Y MÁXIMO DESDE JUNIO DE 2018. BASE IMPONIBLE. IMPORTE DE LA PRESTACIÓN BÁSICA UNIVERSAL (PBU). DETERMINACIÓN:
Se determinan la base imponible mínima en $ 2.816,14 y la máxima en $ 91.523,41, a partir del devengado junio de 2018.
Asimismo, se establecen los haberes mínimo garantizado y máximo, vigentes a partir del 1 de junio de 2018, en $ 8.096,30 y $ 59.314,97, respectivamente.
Se fija el importe de la Prestación Básica Universal (PBU) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3 del decreto 110/2018, reglamentario de la ley 27426, aplicable a partir del mes de junio de 2018, en las sumas de $ 3.825 y $ 6.477,04, respectivamente.
1.2 ASIGNACIONES FAMILIARES. VALOR DE LA MOVILIDAD. INCREMENTO DE ASIGNACIONES FAMILIARES Y TOPES DE LOS RANGOS SALARIALES A PARTIR DE JUNIO DE 2018:
Se determina el valor de la movilidad prevista en el artículo 1 de la ley 27160 en 5,69%.
Asimismo, se establece un incremento en las asignaciones familiares contempladas en la ley 24714 y la modificación en los topes de los rangos salariales, a partir de junio de 2018.
1.3 MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. SE ESTABLECE QUE EL REQUISITO REFERIDO A LA CANTIDAD MÁXIMA DE EMPLEADOS PARA CATEGORIZARSE COMO PYME SOLO APLICA A LOS COMISIONISTAS, LOS CONSIGNATARIOS Y LAS AGENCIAS DE VIAJES MAYORISTAS Y MINORISTAS:
Se modifican los parámetros para categorizarse como PYME, estableciéndose que los topes dispuestos en la cantidad de empleados ocupados que determinan la categorización como micro, pequeña o mediana empresa solo resultan aplicables para las empresas en las que al menos el 70% de las ventas totales anuales corresponda a actividades de comisionistas, consignatarios y agencias de viajes mayoristas y minoristas -enumeradas en el Anexo IV de la R. (SEyPyME) 340/2017-.
2.- RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
2.1 SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA CANCELAR CON SUMAS EMBARGADAS LAS OBLIGACIONES FISCALES RECLAMADAS EN JUICIOS DE EJECUCIÓN FISCAL:
Se establecen las condiciones y procedimientos para cancelar con sumas embargas las obligaciones fiscales reclamadas en juicios de ejecución fiscal. En este orden, los contribuyentes y/o responsables que se encuentren con medidas cautelares trabadas por orden judicial podrán cancelar las obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, a través del Sistema de Cuentas Tributarias o con intervención de un representante del Fisco.
La cancelación a través del Sistema de Cuentas Tributarias se podrá realizar cuando se trate de juicios de ejecución fiscal derivados de incumplimientos de obligaciones que se encuentren registradas en el “Sistema de Cuentas Tributarias”, y solo una vez por cada demanda. A tal efecto, se deberá ingresar con clave fiscal a dicho Sistema y seleccionar la opción “Ofrecimiento de Pago con Embargos Bancarios”, para seleccionar la demanda que posea fondos embargados y que se quiere cancelar. El Sistema efectuará una liquidación provisoria y la propuesta de afectación a las obligaciones adeudas. Posteriormente se conformará la liquidación provisoria y el Sistema generará uno o varios VEP, en función de cada cuenta/banco y de las obligaciones a cancelar, y un reporte conteniendo el detalle de dichos volantes de pago. Las entidades bancarias realizarán la cancelación de dichos volantes dentro de los dos días hábiles de recibida la orden a través del Sistema.
Una vez cancelados los volantes por parte de la entidad bancaria, se realizará el levantamiento de las medidas cautelares en forma automática, siempre que se haya cancelado una suma equivalente al total del oficio de embargo.
Por su parte, el procedimiento con intervención del representante del Fisco se podrá realizar cuando los incumplimientos de las obligaciones fiscales no se encuentren registrados en el Sistema de Cuentas Tributarias, cuando ya se haya utilizado la cancelación a través del Sistema de Cuentas Tributarias para la misma demanda, o cuando no se preste conformidad a la liquidación efectuada por el Sistema.
A tal fin, los contribuyentes deberán concurrir a la dependencia correspondiente y solicitar la preliquidación administrativa de la deuda, mediante una multinota en la que se deberá manifestar la voluntad de poner a disposición del Fisco el importe que resulte de la misma. El representante del Fisco deberá practicar la preliquidación en el plazo de un día hábil, y el contribuyente o su apoderado deberán concurrir a la dependencia en la cual se inició el trámite para conformar y retirar dicha liquidación. En caso de no prestarse conformidad, el ofrecimiento será declarado desistido y se podrá volver a formularlo con posterioridad.
La generación de los VEP se realizará dentro del día de otorgada la conformidad y estará a cargo de la AFIP. Si el pago realizado con los fondos embargados cubre la totalidad del oficio de embargo, se procederá al levantamiento inmediato del mismo, independientemente de que exista un remanente de deuda en concepto de intereses o costas.
Por último, destacamos que las presentes disposiciones resultan de aplicación a partir del 16/6/2018, y se deja sin efecto la norma que establecía solo el procedimiento presencial para realizar los procedimientos comentados precedentemente.
3.- TEMAS VARIOS:
3.1 AUTONOMOS - INCREMENTO A PARTIR DEL DEVENGADO JUNIO DE 2018:
La AFIP dio a conocer los nuevos valores de los aportes mensuales de los trabajadores autónomos con destino a la Seguridad Social que se incrementan a partir del mes devengado junio de 2018 -con vencimiento durante el mes de julio-, por aplicación del régimen de movilidad dispuesto por la ley 27426.
3.2. SISTEMA “DECLARACIÓN EN LÍNEA”. PROCEDIMIENTO PARA LA CONFECCIÓN VÍA INTERNET DE LA DDJJ DETERMINATIVA DE APORTES Y CONTRIBUCIONES. UNIVERSO DE SUJETOS ALCANZADOS. APLICACIÓN DEFINITIVA:
Los empleadores comprendidos en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que registren en el período devengado julio de 2018, inclusive, hasta 2.000 trabajadores deberán confeccionar la declaración jurada determinativa y nominativa de sus obligaciones con destino a los subsistemas de la seguridad social a través del sistema informático “Declaración en línea”, mientras que para aquellos empleadores que registren entre 2.001 y 2.050 empleados, ambas cantidades inclusive, el sistema será optativo.
Finalmente, se establece que a partir del mes devengado agosto de 2018 todos los empleadores deberán confeccionar la mencionada DDJJ a través del sistema informático “Declaración en línea”, cualquiera sea el número de trabajadores que registren.
4.- JURISPRUDENCIA
4.1 EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO. ENTREGA DE CERTIFICADO DE TRABAJO, ARTÍCULO 80 DE LA LEY DE CONTRATO DE TRABAJO. REQUISITOS PARA SU VALIDEZ:
El segundo y el tercer párrafo del artículo 80 de la ley de contrato de trabajo se refieren a la obligación del empleador de hacer entrega de un certificado una vez extinguida la relación laboral, en el cual consten las siguientes circunstancias: a) el tiempo de prestación de servicios; b) naturaleza de estos, es decir, la categoría y tareas desempeñadas; c) remuneraciones percibidas; d) aportes y contribuciones efectuados a los organismos de la seguridad social; y e) calificación profesional obtenida en los puestos de trabajo en que se hubiere desempeñado, hubiere o no realizado acciones regulares de capacitación conforme a lo dispuesto por la ley 21476.
BURGUEZ, MARINA ALEJANDRA C/WALMART ARGENTINA SRL S/DESPIDO - CÁM. NAC. COM. - SALA I - 24/05/2018
4.2 JUBILACIONES Y PENSIONES. PROCEDIMIENTO. CAUTELAR. REPARACIÓN HISTÓRICA. NO ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA DE ACUERDO FORMULADA POR LA ANSES. MANTENIMIENTO DEL HABER PERCIBIDO CON EL AJUSTE DE LA REPARACIÓN HISTÓRICA HASTA LA SENTENCIA DEFINITIVA. PROCEDENCIA:
Si bien no escapa al conocimiento del tribunal que, conforme surge del historial de liquidaciones -extraído de la página de la ANSeS-, la actora percibe un beneficio previsional por la suma de $ 5.661,16, no puede desconocerse que con este haber y a la edad de 83 años la actora se encuentra en una situación de total desamparo y completamente ultrajado su derecho de naturaleza alimentaria, lo cual configura una grave lesión a la incolumidad de los derechos humanos sociales cuya protección judicial reviste naturaleza constitucional y convencional [art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y art. 75, inc. 22), de la CN].
Asimismo, admitir la regresividad del haber previsional del beneficiario por el mero vencimiento del plazo para aceptar el acuerdo de reparación histórica -ya de por sí gravemente depreciado con relación a los salarios de actividad- consagraría la regla inversa, es decir, la regresividad de los derechos, con lo cual revestiría primacía en la hermenéutica constitucional lo disvalioso sobre lo beneficioso, lo restrictivo sobre lo “progresivo”, resultado que devendría a todas luces incompatible con el programa de protección de los derechos humanos del sistema interamericano y europeo actualmente vigente en el mundo civilizado.
Por lo tanto, se concede la medida cautelar de no innovar peticionada por la actora en cuanto pretende mantener el haber percibido con el ajuste de la reparación histórica hasta tanto se dicte la sentencia definitiva en el proceso principal.
DE PIANO, ROSA ÁNGELA C/ANSES S/MEDIDAS CAUTELARES - CÁM. FED. SEG. SOC. - SALA II - 12/06/2018
4.3 ACCIDENTE DE TRABAJO. ACCIÓN CIVIL. AFECCIÓN RESPIRATORIA VINCULADA AL AMBIENTE DE TRABAJO. DEBER DE SEGURIDAD DEL EMPLEADOR Y DE LA ART:
Si bien es válido que en el régimen de riesgos del trabajo se recurra a sistemas tarifarios, que por ser tales no establecen una reparación plena, no es admisible que ese régimen sea cerrado y excluyente, de modo que la víctima, por su sola condición de trabajador, esté impedida de acceder a otra vía legal para obtener una reparación integral que compete a cualquier ciudadano.
En cuanto a la actividad riesgosa, el empleador es quien debe asegurarse de que las tareas laborales se realicen en un ambiente seguro y con todos los materiales necesarios para proteger a sus empleados, como elementos de protección, control ambiental y cursos de capacitación.
En tal sentido, se revoca el fallo recurrido y, en consecuencia, se hace lugar a la acción civil deducida, pues el demandante logró acreditar que la afección respiratoria que padece estuvo vinculada al ambiente de trabajo, pues el perito informó que para trabajar utilizaba epoxi (resina que se utiliza para proteger de la corrosión o para mejorar la adherencia de las capas de pintura), no se le exhibieron mediciones de contaminante en aire de partículas de pintura epoxi ni estudios ergonométricos del puesto de trabajo, ni una norma específica en el uso de la amoladora utilizada por el actor.
PANARO, FERNANDO SEBASTIÁN C/TANGHERLINI ARGENTINO Y OTRO S/ACCIDENTE - ACCIÓN CIVIL - CÁM. NAC. TRAB. - SALA III - 28/03/2018
5.- NOTAS DE INTERES:
5.1 JUBILACIONES, LO QUE VIENE: UNO POR UNO, LOS CAMBIOS QUE PLANEA EL GOBIERNO PARA EL NUEVO REGIMEN PREVISIONAL:
Mientras disputa su gran batalla contra la inflación y el dólar, el Gobierno no desatiende su otro frente de conflicto: una reforma del sistema previsional que lo ayude a achicar su déficit fiscal estructural.
Este tema, que ya estaba en sus preocupaciones desde que se sancionó en 2016 la "reparación histórica", también ha sido señalado en repetidas ocasiones por el FMI como una reforma imprescindible.
A diferencia de lo sucedido a fines del año pasado, esta vez no se tratará sólo de un cambio en el cálculo del haber, sino más bien de algo más profundo: la sustentabilidad del sistema.
En pocas palabras, se definirá cómo se va a financiar y qué requisitos deberán cumplir los trabajadores para acceder al beneficio jubilatorio.
Consejo y misión
Por lo pronto, se prevén modificaciones en rubros tan sensibles como la edad jubilatoria, sistema de retiro anticipado y régimen de pensiones.
Hace poco más de un mes, el Gobierno dispuso la creación del Consejo de Sustentabilidad Previsional, previsto en la Ley de la Reparación Histórica, en el ámbito del Ministerio de Trabajo.
¿Para qué? Básicamente, con el fin de que en seis meses sea presentado un proyecto de ley para una nueva reforma a debatir en el Congreso.
Ese Consejo está compuesto por 25 miembros, entre los cuales se encuentran representantes de cámaras empresariales y sindicatos.
Está presidido por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y en forma alterna por el secretario de Seguridad Social, Juan Carlos Paulucci Malvis.
Además, está integrado por personas de reconocido prestigio profesional y académico en el ámbito del derecho, de las ciencias sociales y económicas, que participan ad-honorem.
"Tenemos que discutir una idea integral y sustentable, en un ambiente de debate desprovisto de prejuicios y miradas especuladoras en el contexto político", asegura Triaca.
Camino "gradualista" para subir la edad
El año pasado, una comisión previa estuvo trabajando en diferentes lineamientos, que se sumarían a los que desarrolle el nuevo cuerpo.
El Gobierno apunta a que el nuevo sistema sea "sobre todo sustentable y esté basado en aportes legítimos, comprobables", indican fuentes a iProfesional.
"Hay que preguntarse qué sistema previsional puede pagar la Argentina. Se habla más de financiamiento que de prestaciones", comparte a iProfesional el abogado previsionalista Adrián Tróccoli.
Por lo que pudo saber este medio, no está previsto eliminar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Se trata de un beneficio creado dentro de la ley de reparación histórica percibido por quienes no tienen aportes para jubilarse y tampoco cobran otro tipo de sumas.
En otro orden, dentro de los proyectos de reforma laboral, el oficialismo planea reducir las cargas patronales.
Es que confía en que más personas se incorporarán al mercado y que esto ayudará a incrementar las arcas fiscales para pagar jubilaciones, pensiones y demás prestaciones de la Seguridad Social.
En cuanto a la edad, se evalúa subirla hasta los 70 años y, para ello, se hay distintas modalidades en carpeta que apuntan al "gradualismo".
En el Gobierno son conscientes de que este tema deberá pasar por el Congreso, y de que un incremento automático y abrupto generará rechazos dentro de los distintos partidos, además de incrementar el malhumor social.
Por lo pronto:
1.- Para los hombres, no se tratará de una suba de 5 años de un "saque", sino más bien escalonada
2.- La ley aprobada a fin del año pasado establece que los asalariados del sector privado -mujeres y varones- podrán optar por jubilarse a los 70 años
3.- Recién entonces los empleadores podrán intimarlos a que inicien el trámite de retiro
4.- En ese caso, tendrán que mantener la relación laboral por el plazo máximo de un año, hasta que el trabajador obtenga el beneficio. No se trata de una suba legal sino de una opción que le da la ley.
En el macrismo tienen claro que mantener el sistema vigente es "inviable" y que deben tomarse medidas urgentes para evitar que el déficit siga escalando hasta niveles insostenibles.
Tróccoli afirma a iProfesional que se analizará una suba gradual para que no se vea afectada la expectativa de quienes están cerca de acceder al beneficio.
En cambio, "afectará completamente a aquellos que les falten 15 o 20 años", asegura.
De esta manera:
- Quienes estén a 10 años del retiro, podrían jubilarse a los 66
- A los que les falten 12 años, se le extendería a los 67
- Y así sucesivamente hasta llegar a los 70 años
De este modo, se evitará que los alcanzados por los cambios no sufran el impacto en el corto plazo.
"En la actualidad, las mujeres se jubilan a los 60 años, pero sólo el 15% completa los 30 años de aporte necesarios a esa edad", señala Tróccoli.
"En el caso de los varones, la situación está un poco mejor, ya que el 40% cumple con los requisitos al alcanzar los 65 años", completa.
La pensión vitalicia, a revisión
Otro tema que se entremezclará en la discusión es el de las moratorias para completar los años de aporte, ya que muy pocos logran cumplir con los requisitos.
La diferenciación que se hace actualmente no se debe a una cuestión sexista, sino que es un reconocimiento a la labor de la mujer por el trabajo no remunerado en su hogar.
Se estipula que destina un promedio de 27 horas a tal fin contra solo 3 del hombre, brecha que se va acortando a edades más bajas.
Por lo pronto, se apuntará a ir acercando la edad entre ambos, pero no a la equiparación.
Esto, producto de que la primera tiene una esperanza de vida mayor, por lo que el Estado debe abonarle la prestación durante más años.
Otro de los temas clave es el de la pensión vitalicia. Al respecto, se baraja la idea de adaptarla al sistema de compensaciones del Código Civil.
Por ejemplo, que a una persona que enviuda a los 35 años y que estuvo 10 años casada, se le pague la prestación por ese tiempo (para luego perder el beneficio).
Sobre este punto, Tróccoli asegura que se trata de "un cambio lógico", ya que no tiene sentido pagarle una suma fija a una persona joven por el resto de su vida si no vuelve a contraer nupcias.
Además, se apunta a extender la edad de los hijos que perciben pensiones por el fallecimiento de los padres.
¿Hasta cuándo? Hasta los 25 años, siguiendo los lineamientos del Código Civil y Comercial (para ello debe acreditar que estudia).
Por otro lado, se impondrá un límite a la acumulación de la jubilación y la pensión. En este sentido, se manejan dos opciones:
- Que entre ambas prestaciones se cobre la del beneficio más alto (por lo general, la jubilación)
- Que valide la alternativa más elevada y un proporcional de la otra
Lo que sí es un hecho es que en la futura ley no convivirán ambas prestaciones al 100% para un único beneficiario.
Nuevo cálculo para la jubilación inicial
Otro punto que genera polémica refiere a la extensión del período a considerar para el cálculo del haber inicial: 25 años en lugar de los 10 actuales.
Sin embargo, el problema es que "en un contexto inflacionario, como el que suele tener constantemente el país, esto derivará en que el ingreso sea menor", indica Tróccoli.
No es menor la preocupación del Gobierno por reducir la cantidad de juicios en los tribunales de la Seguridad Social, si bien tiene en claro que cualquier tipo de norma que se dicte va a ser judicializable.
En la actualidad, de las personas con aportes, uno de cada tres jubilados le hizo un juicio al Estado.
El principio de sustitutividad es otro punto en discusión. ¿Qué significa? Como la jubilación es consecuencia de la remuneración percibida por un trabajo, una vez que este cesa el beneficio debe permitir el mantenimiento de un status de vida similar a aquel que se tenía en actividad.
Son varios los que pretenden volver al régimen de las leyes 18.037 y 18.038, que sí establecía la sustitutividad del haber jubilatorio.
Este último estaba íntimamente vinculado con las remuneraciones o las rentas - categorías autónomas - en su caso, percibidas por el beneficiario durante su vida activa.
Se discutirá cómo enfrentar las cuestiones de género para evitar otro caso como el famoso "Sergia", en el que un hombre pidió el cambio de sexo para jubilarse antes.
En otro orden, se estudian distintos regímenes diferenciales de trabajo insalubre. Es decir, el de aquellas actividades que pueden derivar en envejecimiento precoz u otras que se desarrollan con algún grado de disminución física, tales como ceguera o minusvalía.
En la actualidad, pueden obtenerse el beneficio a los 55 años. La idea es analizar cada una de ellas y, en algunos casos, elevar la edad, ya que el Gobierno cree que las tecnologías actuales permiten reducir o dar por terminada la insalubridad.
Sobre este punto, Tróccoli afirma que deberá analizarse cada situación en particular, para evitar perjuicios a los trabajadores que estén cerca de obtener el beneficio y fueron efectivamente afectados por las viejas tecnologías.
Fuente : Infobae Profesional.